El Gobierno ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya residen en España, abriendo el texto a audiencia pública antes de su aprobación definitiva mediante Real Decreto. La medida pretende dar una respuesta jurídica ordenada a una realidad social existente, facilitar la integración y reducir la economía sumergida, aportando mayor seguridad tanto a trabajadores como a empresas.
Podrán solicitarla quienes se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en el momento de presentar la solicitud, siempre que carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden público. También podrán acogerse quienes hubieran solicitado protección internacional antes de esa fecha. La permanencia podrá demostrarse mediante cualquier medio de prueba válido, como empadronamiento, documentos sanitarios, certificados o contratos.
Las personas que cumplan los requisitos obtendrán una autorización de residencia con vigencia inicial de un año y permiso de trabajo desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Tras ese periodo deberán incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería, permitiendo una integración progresiva en el sistema legal. Además, los hijos menores que ya se encuentren en España podrán regularizarse simultáneamente con permisos de mayor duración, reforzando la unidad familiar.
Las solicitudes previsiblemente podrán presentarse desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026. La admisión a trámite se resolverá en un máximo de 15 días y la resolución completa en hasta tres meses, pudiendo comenzar a trabajar legalmente desde la admisión. La iniciativa se integra en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural y continúa la práctica histórica de regularizaciones extraordinarias cuando la situación social lo requiere.