El Gobierno prorroga durante todo 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. La medida forma parte del paquete social aprobado para el nuevo ejercicio y pretende ofrecer estabilidad a miles de familias en situación de dificultad económica. La prórroga busca evitar situaciones de exclusión residencial y garantizar un mínimo de protección a quienes atraviesan momentos críticos.
La normativa prioriza a los hogares con menores a cargo, personas dependientes, mayores o víctimas de violencia de género. Para beneficiarse será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad conforme a los criterios legales vigentes. También se exigirá que no exista una vivienda alternativa adecuada. El objetivo es centrar los recursos públicos en los casos de mayor necesidad.
Esta protección se acompaña de otras medidas relevantes. Entre ellas destaca la prohibición de cortar suministros básicos como luz, gas y agua a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. De este modo se intenta asegurar condiciones mínimas de habitabilidad durante los meses más difíciles.
Además, se mantiene el bono social eléctrico. Este seguirá ofreciendo descuentos del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos. Se trata de un apoyo clave para contener la factura energética y aliviar la presión sobre los presupuestos familiares.
Todas estas actuaciones se integran en el llamado escudo social para 2026. A ello se suma la revalorización de las pensiones conforme al IPC. También continúan otras mejoras en distintas prestaciones públicas. El Ejecutivo busca así amortiguar el impacto del aumento del coste de la vida y reforzar la protección de los colectivos con menos recursos.
El conjunto de medidas pretende aportar seguridad jurídica, estabilidad económica y un colchón social frente a la incertidumbre. La vivienda, la energía y las pensiones se sitúan de nuevo en el centro de las políticas públicas para el próximo año.