El denominado Cártel de Coches alude a una serie de prácticas contrarias a la libre competencia desarrolladas por múltiples fabricantes de automóviles entre los años 2006 y 2013, basadas en el intercambio de información sensible relativa a precios, descuentos y políticas comerciales. Estas actuaciones fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y posteriormente ratificadas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo, al considerar que provocaron una elevación artificial del precio de los vehículos y un consiguiente perjuicio económico para los consumidores.
Como resultado, los afectados pueden ejercitar acciones de reclamación para obtener una indemnización por el sobreprecio satisfecho, que la jurisprudencia suele fijar en una horquilla aproximada de entre el 10 % y el 15 % del precio de adquisición del vehículo. Para determinar si una persona se encuentra afectada, basta con verificar la marca, el modelo y la fecha de compra, siempre que esta se haya producido dentro del periodo comprendido entre 2006 y 2013.
El plazo para formular reclamaciones en relación con el cártel de coches se ha ampliado a cinco años conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que posibilita su ejercicio hasta el año 2026, con fechas límite que varían en función de cada fabricante.
Plazos:
Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche, Peugeot, Citroën y Chevrolet: hasta el 20 de abril de 2026
Renault, Dacia y Volvo: hasta el 6 de mayo de 2026
Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Lancia: hasta el 13 de mayo de 2026
Hyundai: hasta el 17 de mayo de 2026
Mazda: hasta el 19 de mayo de 2026
BMW y Mini: hasta el 31 de mayo de 2026
Kia y Mitsubishi: hasta el 2 de junio de 2026
Nissan: hasta el 7 de junio de 2026
Honda: hasta el 17 de septiembre de 2026
Mercedes-Benz y Smart: hasta el 27 de septiembre de 2026
Opel: hasta el 5 de octubre de 2026
Toyota y Lexus: hasta el 1 de diciembre de 2026
Si adquiriste un vehículo durante ese intervalo temporal, es posible que aún estés a tiempo de reclamar el sobrecoste derivado de dichas prácticas. La revisión del caso con asesoramiento profesional permite valorar la viabilidad de la acción y la eventual recuperación de las cantidades abonadas en exceso.