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A partir de 2025, la normativa fiscal en España impondrá una nueva obligación para quienes estén percibiendo prestaciones por desempleo: deberán presentar obligatoriamente la declaración de la Renta, independientemente de los ingresos anuales que reciban.

Hasta ahora, los beneficiarios de estas prestaciones no estaban obligados a realizar esta declaración si no superaban ciertos umbrales de ingresos. Sin embargo, el escenario fiscal cambiará con la entrada en vigor de la modificación establecida en el Real Decreto-ley 2/2024, que afecta al artículo 299 de la Ley General de la Seguridad Social.

Contexto y Motivo del Cambio

Este cambio forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno en su plan para mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo y optimizar la fiscalización de estos recursos públicos. Con la reforma, cualquier persona que reciba una prestación de desempleo –o haya recibido una durante el año en curso– estará obligada a presentar la declaración de la Renta en 2025, independientemente de si sus ingresos totales alcanzan o no los umbrales establecidos previamente. Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la obligación de presentar el IRPF entra en vigor oficialmente el 1 de noviembre de 2024.

Requisitos Previos y Nuevas Obligaciones

Anteriormente, aquellos contribuyentes con un solo pagador solo estaban obligados a declarar si sus ingresos anuales superaban los 22.000 euros. Para quienes tuvieran varios pagadores, este umbral se reducía a 15.876 euros, siempre que el segundo y sucesivos pagadores no les hubieran abonado más de 1.500 euros en total. Con esta nueva normativa, se elimina la exención de presentar la declaración para los perceptores de prestaciones por desempleo, añadiendo un nuevo grupo de contribuyentes obligados a cumplir con este trámite anual.

De este modo, el colectivo de personas desempleadas se suma a otros grupos de trabajadores, como los autónomos, quienes ya han sido obligados a declarar su IRPF en campañas recientes, aunque no cumplieran con los ingresos mínimos. Este cambio también responde a la necesidad de la Administración de obtener un registro completo de todos los contribuyentes, permitiéndole detectar potenciales irregularidades y asegurarse de que quienes perciben prestaciones o ayudas están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Consecuencias y Sanciones por el Incumplimiento

Para quienes no presenten la declaración de la Renta a pesar de estar obligados, las consecuencias pueden ser significativas. Hacienda establece que la omisión en la presentación podría llevar a la pérdida de la prestación por desempleo y a la imposición de multas. Si la declaración sale a pagar, el contribuyente deberá saldar la deuda, además de una multa que oscila entre el 50% y el 150% del total adeudado. La cuantía de la penalización puede incrementarse si la Agencia Tributaria considera que hubo una intención de ocultar ingresos o si se detecta reincidencia en esta conducta.

Por otro lado, en los casos en que la declaración resulte favorable al contribuyente, es decir, cuando se trata de una devolución, la no presentación también conllevará sanciones. Aunque pueda parecer contradictorio, si una persona que percibe una prestación de desempleo tiene derecho a una devolución y no presenta la declaración, deberá enfrentar una sanción de hasta 200 euros, según las estimaciones de expertos fiscales. De hecho, podría darse la situación en la que, debido a esta sanción, un contribuyente que inicialmente tenía derecho a una devolución de menor cuantía termine con un saldo negativo tras aplicarse la multa.

Periodo de Revisión y Fiscalización

Además de las sanciones por incumplimiento, la Agencia Tributaria ha reforzado los mecanismos de revisión para asegurar el cumplimiento de estas nuevas normativas. Hacienda dispone de hasta cuatro años para revisar las declaraciones presentadas y notificar a los contribuyentes en caso de que se detecten errores u omisiones. Esto implica que los contribuyentes pueden ser requeridos a corregir su situación fiscal hasta 2029, asegurando así que el sistema de protección social se gestione de manera responsable y conforme a las normas vigentes.

Recomendaciones y Consejos para los Nuevos Obligados

Para evitar sorpresas desagradables, los expertos fiscales recomiendan que quienes estén recibiendo o hayan recibido prestaciones por desempleo durante el año se preparen para cumplir con esta nueva obligación. Es recomendable revisar el detalle de las prestaciones recibidas y, en caso de duda, consultar con un asesor fiscal o utilizar servicios de ayuda para la declaración, como los que ofrecen plataformas especializadas. Estos cambios no solo afectan a la gestión fiscal de las personas desempleadas, sino que también representan un nuevo paso en el esfuerzo de Hacienda por optimizar la transparencia y la recaudación fiscal en el país.

En conclusión, la obligatoriedad de presentar la declaración de la Renta para todos los parados marca un hito importante en el sistema fiscal español. Con esta medida, el Gobierno espera incrementar el control sobre los recursos públicos y garantizar que todos los perceptores de prestaciones cumplan con sus obligaciones fiscales.

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